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Vacunación y reactivación económica. Son los dos ejes en los que está volcado el Gobierno, consciente de que no habrá mejora económica hasta que la mayor parte de la población no esté inmunizada frente a la Covid-19. El objetivo del Ejecutivo es poder abordar cuanto antes la gestión de los 140.000 millones provenientes de los fondos europeos, a cambio de los cuales se deben comunicar a Bruselas las reformas que va a acometer España. Entre ellas se sitúa el mercado laboral, donde Pedro Sánchez promete una "actualización de nuestra normativa laboral", pero evita hablar de derogación de la misma, como sí recoge el pacto de Gobierno y era la intención de Unidas Podemos.

El Ejecutivo aprueba este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comisión Interministerial que lleva el mismo nombre, que es la encargada de establecer las directrices políticas generales para el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación y se encargará de realizar el seguimiento estratégico del plan, además de ejecutar cualquier otra actividad que decida el Consejo de Ministros. El miércoles lo presentará Sánchez en el Congreso y en los próximos días será aprobado definitivamente por el Gobierno y se enviará a Bruselas.

Un plan que se compone de 212 medidas, de las que 110 corresponden a inversiones y 102 a reformas. Entre éstas, además de la modernización y digitalización de la Administración, la inversión para empresas se incluye el mercado laboral. La derogación de la reforma impulsada en 2012 por el PP es uno de los grandes puntos de conflicto en el seno del Gobierno. La posición de partida de Unidas Podemos siempre fue la derogación, término incluido en el acuerdo de Gobierno que firmaron socialistas y morados, mientras que el sector socialista, encabezado por Nadia Calviño, vicepresidenta segunda, es más reacio a ello y prefiere modificaciones puntuales.

Cambios en el mercado

Sánchez, en el foro 'Wake Up, Spain!' organizado por el diario El Español, ha apostado por una "actualización de nuestra normativa laboral, para lograr un mercado de trabajo que tiene que ser más dinámico, más resistente, más inclusivo y que aborde todos los problemas de la digitalización como estructurales que arrastramos desde hace décadas". No ha hablado, en ningún caso de derogación.

"Los ERTE, la simplificación de contratos, la renovación y modernización de las políticas activas de empleo son elementos fundamentales para el nuevo mercado de trabajo de la era post Covid", ha añadido el presidente del Gobierno.

Una visión que también en las últimas fechas ha mantenido Díaz, que a los agentes sociales trasladó el propósito de "modernizar" el mercado laboral. "La reforma laboral tiene que ser integral, ya la hemos hablado con Bruselas y vamos muy a la ofensiva", ha sostenido recientemente la vicepresidenta tercera en una reciente entrevista con los medios Infolibre y eldiario.es. Díaz, tras la salida de Iglesias del Gobierno, es la interlocutora de Unidas Podemos con Sánchez en el seno del Ejecutivo y la encargada de tratar de tú a tú las grandes diferencias o choques que no se sustancien en el diálogo entre ministerios. La reforma laboral podría ser uno de esos asuntos.

Diálogo social

Díaz lleva reuniéndose con los agentes sociales desde el pasado 17 de marzo con el propósito de acometer esos cambios, aludiendo a la necesidad de desmontaje o de reforma de los aspectos más lesivos para este 2021. La palabra "derogación" ha ido perdiendo protagonismo en el ministerio de Trabajo.

Desde Moncloa llevaban tiempo enfriando las expectativas de Unidas Podemos de abordar una derogación. Muestran su compromiso con el acuerdo de Gobierno, pero no se fijan un calendario específico y expresan la necesidad de acometer las reformas "a lo largo de la legislatura, acompasando el momento al de la situación económica".

En su intervención, Sánchez ha avanzado algunas de las inversiones del plan, que también incluyen la dotación de 1.500 millones para proyectos vinculados con el hidrógeno, la digitalización de 140.000 aulas escolares o la instalación de 150.000 puntos de carga rápida de vehículos. Asimismo, se apoyará la rehabilitación de viviendas, se crearán 65.000 plazas de educación infantil y se llevará la banda ancha y el 5G "a todos los rincones de España".

En su hoja de ruta ha retomado las promesas de una inversión de 70.000 millones de los 140.000 que llegarán desde Europa- entre 2021 y 2023 en teoría lo que debe durar este legislatura- y la creación de 800.000 empleos.

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